Español en América

febrero 22, 2013

Derechos lingüísticos

Filed under: Política ficción — Mercedes @ 5:07 pm

Principios

• Derecho de los pueblos a decidir por la vía democrática

• Los políticos No tienen derecho a implantar modelos lingüísticos a los ciudadanos sin consulta previa

• Las preguntas de la consulta tienen que ser muy claras

• Es preciso explicar las consecuencias derivadas de la elección de uno u otro modelo lingüístico

Ayer se celebró el día de la Lengua Materna con todos los honores y el reconocimiento a los pueblos a mantener y apoyar sus lenguas propias.
Opiniones sobre el uso de las lenguas y de los derechos de los pueblos a utilizarlas las hay y variadas. Lo que no es habitual es acudir a consultas democráticas o referéndums para preguntar cómo opinan los hablantes sobre sus preferencias, intereses y deseos.
En España en tres comunidades autónomas coexisten dos lenguas, la oficial del estado, el español y otra más que según el contexto son el gallego, el catalán y el euskera.
La importancia de una lengua no se circunscribe al uso en el entorno familiar sino que se extiende a la función pública, al comercio y sobre todo en el ámbito de la enseñanza.

Y es este contexto donde su empleo adquiere tonos políticos en función de quien sea el que dirija el destino de cada comunidad.
A los políticos de cualquier pelaje se les llena la boca de agua cuando explican a sus votantes de que sus decisiones se efectúan con la intención de preservar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.
En esa postura se debaten la izquierda y la derecha españolas y los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos.
Cada uno intenta arrimar el ascua a su sardina, en especial los nacionalistas que conscientes de que las lenguas unen o separan pretenden establecer la hegemonía de las vernáculas sobre el español.

Los nacionalistas catalanes son la avanzadilla de la posición que pretende el arrinconamiento de la lengua común en su afán de alcanzar la independencia.
Los “soberanistas” catalanes en su camino intentan eliminar la lengua española del panorama educativo como medio de separación.
Su discurso político se basa en los derechos lingüísticos de los alumnos que desean escolarizarse en la lengua común se encuentran salvaguardados.

El objetivo independentista de los nacionalistas que mantienen el derecho de los pueblos a decidir su futuro con el que estamos plenamente de acuerdo.
Entendemos, además, que las lógicas aspiraciones de las naciones de separarse de otras son legítimas y no es necesario invocar derechos históricos.

Si un pueblo en un momento dado de la historia no quiere seguir con su estatus anterior porque las circunstancias cambian, están en su derecho de convocar un referéndum de autodeterminación que les lleve a la separación respecto al país en el que se encuentran en la actualidad.
Quede muy claro que somos firmes partidarios de que los pueblos decidan su futuro por procedimientos democráticos, el primero el acudir a una consulta en la que se decida si se quiere seguir o no con la situación anterior.

Derechos lingüísticos
Los partidos políticos nacionalistas llevan decenas de años preparando el camino por la vía lingüística sin que la mayoría de la ciudadanía se haya dado cuenta de la maniobra pretendida.
Bajo un disfraz de que las lenguas autóctonas hay que defenderlas y apoyarlas como bienes culturales que son aunque fueran ab initio minoritarias se diseñó una estrategia a largo plazo para promover la lengua local y cerrar el paso al español como lengua mayoritaria.
En el caso del Comunidad Autónoma Vasca los hablantes de euskera lengua materna al comienzo de la democracia eran el 18%. Transcurridos casi cuarenta años la posición de la lengua autóctona poco ha cambiado pasando a un magro 18,5%.
Los políticos nacionalistas con la aquiescencia de los partidos centralistas han ido poco a poco implantando la obligación del conocimiento del euskera en la función pública –para acceder al empleo público- , incluyendo al profesorado y ejerciendo una presión mediática y social para su estudio.

Se llega a la paradoja que para ejercer como profesor de inglés de niños hispanohablantes se exija el euskera aunque en la práctica su uso no sea necesario por evidentes razones.
Se trata de poner trabas al español y sus locutores al mismo tiempo que en casi todos los aspectos de la vida normal se obligue al aprendizaje del euskera aunque luego los que lo dominan prefieran hablar la lengua oficial del estado.
Son los políticos nacionalistas que se han abrogado el derecho a decidir por los hablantes diseñando unas políticas y unas leyes que agreden los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
De la misma manera que nos parece legítimo el derecho a decidir sobre la independencia de los pueblos por medio de consultas democráticas, somos partidarios de establecer uno varios referéndums en los que se consulte al pueblo a decidir sobre los modelos lingüísticos no sólo en la enseñanza sino también en la administración, el comercio o incluso en la señalización de las carreteras.
Se nos podrá objetar que los modelos lingüísticos figuran en los programas de los partidos políticos pero ante tamaña imprudencia es necesario exigir que los derechos lingüísticos de los ciudadanos se ejerzan por consulta popular en el que las preguntas sean claras y diáfanas sobre el futuro de las lenguas utilizadas.

Por otro lado hay que explicar a los ciudadanos los futuros de las lenguas y cómo el devenir de la globalización va a dar al traste a las lenguas minoritarias.
Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Internet pone a todo el mundo en su lugar y las lenguas minoritarias van a desaparecer. Lo lamentamos porque se perderá una parte importante de las culturas minoritarias pero es un hecho insoslayable.

La condena y la profecía no la formulamos nosotros sino el mundo en el que nos situamos que exige una comunicación rápida, inmediata y eficaz y que tienda a la economía de recursos.
Desde hace años los políticos nacionalistas conocen la situación de sus lenguas que tienden a desaparecer e insisten en malgastar miles de millones en su promoción, es una irresponsabilidad a la que deberán dar una respuesta.
Derroche de recursos financieros en unos tiempos de crisis en los que el dinero público se necesita más que nunca.

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